Hacia una política de autismo inclusiva y basada en evidencia en Baja California Sur

Mtra. Npsic/TO GABRIELA MICHACA

Resumen ejecutivo

En 2024, la Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró inconstitucional la Ley para la Atención y Protección de las Personas con la Condición del Espectro Autista del Estado de Baja California Sur (LCPPCPEA-BCS). El fallo puso de relieve el hecho de que la ley no incluyera las voces autistas y sus disposiciones discriminatorias, como el requisito de un "certificado de habilitación" para el empleo. Como resultado, Baja California Sur (BCS) ahora enfrenta un vacío legal y político crítico, sin un marco específico para el autismo. Aunque los marcos federales como la Ley General de Educación Inclusiva (GLIE) promueven enfoques neuroafirmativos basados en los derechos, la implementación a nivel estatal ha sido débil debido a la insuficiencia de fondos, la falta de infraestructura y la ausencia de mecanismos participativos. El creciente número de diagnósticos de autismo agrava aún más la situación.

Este informe de políticas describe soluciones de política pública viables, rentables y políticamente viables que BCS puede implementar a corto y mediano plazo. Estos incluyen la recopilación de datos inclusivos a nivel local, la capacitación profesional y las reformas de licencias, la gobernanza participativa y los incentivos a la contratación inclusiva. El objetivo es garantizar que las políticas públicas reflejen las experiencias vividas y los derechos de las personas autistas a través de estrategias basadas en evidencia y codiseñadas.

Recomendaciones clave: Corto plazo (0-6 meses)

(Breinbauer, comunicación personal, 16 de abril de 2025; Lara, personal Comunicación de 22 de abril de 2025)

•  Llevar a cabo una evaluación local exhaustiva: recopilar datos sobre las personas autistas para identificar las brechas de servicio, las barreras y las acciones discriminatorias, y construir una base basada en datos para las políticas futuras (de bajo costo, de alta urgencia).

•  Implementar talleres de capacitación: para médicos, gerentes de organizaciones cívicas, partes interesadas, educadores y terapeutas sobre neurodivergencias, inclusión, enfoques basados en fortalezas y derechos humanos. Como señala Ruy Lara, los costos de capacitación pueden absorberse en los presupuestos de desarrollo profesional existentes, evitando la necesidad de nuevas fuentes de financiamiento.

•   Crear un grupo de trabajo de múltiples partes interesadas:  involucrando a personas autistas, familias,

profesionales, educadores, la industria privada y las autoridades locales, como los Ministerios de Salud, Educación y Trabajo Social, para supervisar el diseño conjunto de los sistemas de apoyo.

•  Comenzar a reformar las licencias profesionales: Todos los terapeutas, maestros y profesionales relacionados

deben tener licencias válidas y completar la educación continua obligatoria en fuerza y enfoques inclusivos y basados en los derechos.

Recomendaciones clave: Mediano plazo (6-24 meses)

(Breinbauer, comunicación personal, 16 de abril de 2025; Lara, comunicación personal, 22 de abril de 2025)

•  Exigir la cobertura de seguro para condiciones de desarrollo y apoyos relacionados con el autismo para reducir la desigualdad en el acceso a los servicios.

•  Introducir incentivos fiscales y profesionales para fomentar el empleo de personas autistas. individuos, como exenciones de impuestos sobre la nómina y deducciones de contratación. Además, atraiga a más terapeutas ocupacionales (OT) y terapeutas del lenguaje (LT) al estado ofreciendo bonos de reubicación, condonación de deudas o viviendas subsidiadas.

• Poner a prueba el uso de la Clasificación Internacional del Funcionamiento, la Discapacidad y la Salud (CIF) para determinar la elegibilidad para los servicios en lugar del Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales, Quinta Edición (DSM-5) para alejarse de los modelos basados en el déficit (Mundo Organización de la Salud, 2001).

• Reemplace los "niveles de funcionamiento" con perfiles funcionales personalizados basados en fortalezas para determinar los soportes apropiados.

Introducción

En los últimos años, ha habido un cambio global hacia el reconocimiento de los derechos de las personas autistas como ciudadanos de pleno derecho. Si bien México ha avanzado en legislación progresista, como la Ley General de Educación Inclusiva, la implementación a nivel local sigue siendo limitada. Baja California Sur (BCS) carece de la infraestructura, los datos y el personal capacitado necesarios para cumplir con estos y la derogación en 2024 de su discriminatoria ley de autismo ha dejado al estado sin un marco legal local. Esta brecha se ha vuelto cada vez más urgente a medida que los diagnósticos de autismo continúan aumentando en todo el mundo. Según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de EE. UU., 1 de cada 31 niños de 8 años fue identificado con trastorno del espectro autista en 2022 (Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades [CDC], 2024). Satisfacer estas crecientes necesidades requiere un cambio hacia Políticas públicas neuroafirmativas, participativas y basadas en evidencia.

 Cuestión central

Baja California Sur (BCS) enfrenta actualmente un importante vacío político tras la derogación de su ley de autismo de 2024 , que fue invalidada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación por ser discriminatoria y por no consultar a las personas autistas, como lo exige el derecho internacional de los derechos humanos (ONU,2006). Una de sus disposiciones más dañinas fue el requisito de un "certificado de habilitación" para acceder al empleo, una barrera inconstitucional a la autonomía.

A pesar de que la Ley General de Educación Inclusiva (GLIE) de México ofrece un marco neuroafirmativo basado en derechos, la implementación en BCS se ve obstaculizada por la falta de financiamiento, datos confiables y mecanismos participativos (Cámara de Diputados, 2024). Las leyes nacionales, como la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad (GLIPD), siguen reflejando visiones medicalizadas, mientras que la ley de educación inclusiva hace hincapié en la diversidad y los derechos humanos (Cámara de Diputados, 2016). La jurista Ruy Lara destaca que las políticas excluyentes no solo violan derechos, sino que también generan costos sociales y económicos a largo plazo. Sostiene que la verdadera reforma debe ser co-diseñada con personas autistas para garantizar que los servicios reflejen las necesidades reales, en lugar de suposiciones burocráticas (Lara,comunicación personal, 22 de abril de 2025).

Implicaciones políticas y seguimiento

Para garantizar que las reformas sean efectivas, transparentes y fiscalmente responsables:

•   Colaborar con universidades, ONG, organizaciones de la sociedad civil y gobiernos locales para cofinanciar la formación profesional, el diseño de servicios y la recopilación de datos.

•  Establecer un panel de transparencia de cara al público para monitorear la financiación, la cobertura de servicios y los resultados de la capacitación relacionados con el autismo.

•  Llevar a cabo revisiones anuales de políticas que involucren a organizaciones dirigidas por autistas, educadores, familias y proveedores de servicios para evaluar el impacto, abordar los desafíos y redefinir las prioridades.

Conclusión

Baja California Sur tiene una oportunidad única para corregir el curso de la política relacionada con el autismo aprendiendo de los fracasos legales del pasado y alineándose con los estándares internacionales de derechos humanos. La derogación de la LCPPCPEA-BCS reveló no solo los peligros de la formulación de políticas excluyentes y paternalistas, sino también el potencial para reimaginar los sistemas de apoyo basados en la dignidad, la autonomía y la participación.

La verdadera reforma debe comenzar con escuchar a las personas autistas, a sus familias y a los profesionales que trabajan junto a ellas. Esto significa recopilar datos reales, financiar servicios de educación y salud inclusivos y garantizar que la concesión de licencias profesionales refleje las normas actuales basadas en derechos. Como señala el jurista Ruy Lara, "no se trata de si cuesta dinero, sino de dónde elegimos invertir: en dignidad y participación, o en abandono y exclusión" (Lara, comunicación personal, 22 de abril de 2025). Para avanzar, BCS debe priorizar reformas viables que sean asequibles, transparentes y que respondan a las necesidades de las comunidades autistas. Los beneficios a largo plazo de la inclusión superan con creces los costos a corto plazo, no solo en términos económicos, sino también en la construcción de una sociedad justa y equitativa.

Referencias

Breinbauer, C. (2025, 16 de abril). Comunicación personal.

Cámara de Diputados. (2016). Ley General para la Atención y Protección a Personas con la Condición  Del     Espectro                                            Autista. https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGAPPCEA_270516.pdf

Cámara de Diputados. (2024). Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad. https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGIPD.pdf

Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades. (2024). Prevalencia del trastorno del espectro autista entre niños de 8 años — Red de Monitoreo del Autismo y las Discapacidades del Desarrollo, 11 sitios, Estados Unidos, 2020. Resúmenes de vigilancia del MMWR, 74(2), 1–20. https://www.cdc.gov/mmwr/volumes/74/ss/ss7402a1.htm

Organización de las Naciones Unidas. (2006). Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. https://www.un.org/esa/socdev/enable/documents/tccconvs.pdf

Suprema Corte de Justicia de la Nación. (2022). Protocolo para Juzgar con Perspectiva de Discapacidad.                                                                                                          https://www.scjn.gob.mx/derechos- humanos/sites/default/files/protocolos/archivos/2022-   04/Protocolo%20para%20Juzgar%20con%20Perspectiva%20de%20Discapacidad.pdf

Suprema Corte de Justicia de la Nación. (2024). Declaran inconstitucional Ley de Autismo de BCS. https://www.internet2.scjn.gob.mx/red2/comunicados/comunicado.asp?id=8201

Organización Mundial de la Salud. (2001). Clasificación Internacional del Funcionamiento, de la Discapacidad y de la Salud (CIF).  https://www.who.int/standards/classifications/international-classification-of-discapacidad-de-funcionamiento-y-salud

Lara, R. (22 de abril de 2025). Comunicación personal.